Hoy resulta difícil imaginar que el lugar donde se levanta la estatua de Cornelio Balbo, uno de los espacios más transitados del casco histórico de Cádiz, fuera hace dos siglos el escenario elegido para ejecutar públicamente a los condenados a muerte. Sin embargo, allí, entre el cuartel de San Roque, la Cárcel Real y el Matadero, se levantaba el patíbulo en el que la justicia hacía cumplir sus sentencias ante la mirada de centenares de personas.
La proximidad de estos edificios no era casual. El condenado apenas tenía que recorrer unos metros desde la Cárcel Real hasta el lugar de la ejecución, donde ya aguardaban las autoridades, el verdugo y una multitud que acudía atraída por un espectáculo que, aunque hoy resulte inconcebible, formaba parte de la vida pública de la época.
El padre León y Domínguez dejó constancia en sus "Recuerdos Gaditanos" de que la última ejecución pública celebrada en Cádiz tuvo lugar el 28 de enero de 1828. La condenada fue María del Rosario Baes, una joven cuya vida estuvo marcada desde la infancia por la pobreza y la desgracia.
Rosario había pasado sus primeros años en la Casa de Misericordia. Al abandonar aquella institución contrajo matrimonio con el gaditano Antonio Rodríguez, pero la relación terminó muy pronto con el abandono de su marido. Sin medios para sobrevivir, acabó ejerciendo la prostitución en varios establecimientos de la ciudad, una circunstancia que entonces se describía con la expresión «vida airada».
Su nombre llegó por primera vez a los tribunales al ser acusada de la muerte de un hijo recién nacido. Permaneció varios meses encarcelada, aunque durante el proceso no se reunieron pruebas suficientes para demostrar su culpabilidad y finalmente quedó libre de aquella acusación.
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Pocos meses después, en junio de 1827, apareció el cadáver de otro recién nacido junto a la parroquia de San José. Esta vez Rosario Baes confesó haber cometido el crimen. El tribunal que juzgó el caso en Cádiz la condenó inicialmente a diez años de prisión.
La sentencia, sin embargo, no sería definitiva. El fiscal interpuso recurso y el proceso pasó a la Real Sala del Crimen de Sevilla. El alto tribunal revocó la condena y dictó una mucho más severa: la pena de muerte mediante garrote. Además, al considerar que se trataba de un delito de parricidio, ordenó que el cadáver permaneciera expuesto públicamente durante varias horas y que después fuera introducido en una cuba para ser arrojado al mar.
Varias asociaciones piadosas gaditanas intentaron obtener el perdón de la condenada mediante la correspondiente petición de indulto. Ninguna de aquellas gestiones prosperó. España vivía entonces los últimos años del reinado absoluto de Fernando VII, en plena Década Ominosa, una etapa poco propicia para la concesión de medidas de gracia.
La mañana del 26 de enero de 1828 se comunicó oficialmente la sentencia a Rosario Baes. Mientras tanto, en el espacio situado entre el Matadero y el cuartel de San Roque se levantaba ya el patíbulo donde habría de ejecutarse la condena. Desde ese momento la reclusa quedó puesta en capilla, acompañada espiritualmente por los capuchinos fray Pablo y fray Servando de Cádiz, además de recibir el apoyo de las señoras pertenecientes a la Real Junta de Damas.
El día de la ejecución, la ciudad ofrecía una imagen muy distinta de la habitual. Como sucedía entonces en numerosas poblaciones españolas, todos los comercios permanecieron cerrados. Aquella disposición, concebida inicialmente como una señal de respeto hacia el acto de la justicia, terminaba convirtiéndose en una jornada en la que una multitud de curiosos acudía a presenciar el desenlace.
Consumada la ejecución, el cuerpo de Rosario Baes permaneció expuesto hasta las tres y media de la tarde, tal como establecía la sentencia.
A continuación, funcionarios de la Cárcel Real introdujeron el cadáver en una cuba y emprendieron el camino hacia el Monturrio, situado al final de la calle Santa María. En aquel punto existía un boquete abierto en la muralla que permitía arrojar directamente al mar aquello que se transportaba hasta allí.
Sin embargo, el destino final de sus restos cambió en el último momento. Según refiere el padre León y Domínguez, la Hermandad de la Santa Caridad solicitó formalmente a la Real Jurisdicción que le fuera entregado el cadáver. La petición fue aceptada sin demora y los hermanos de la corporación trasladaron el cuerpo al cementerio, donde recibió sepultura cristiana.
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Fuente: Archivo de la Hermandad de la Santa Caridad.
